Eso es lo primero a señalar. Este post no trata de valorar las reuniones o medidas conjuntas que puedan tomar PP y PSOE en esa maravillosa comisión de emergencia que han aprobado, y donde han despreciado tanto a todas las plataformas de afectados del conjunto del Estado como a las demás fuerzas políticas, que si han planteado soluciones al problema durante años y que fueron rechazadas por ambas fuerzas leales al régimen de estafa bancario. Primero con un PSOE gobernando y luego con un PP sustituyéndolo, incluso con otra votación parlamentaria en Marzo sobre el tema donde, por cierto, el mismo PSOE se abstuvo. Ni siquiera respaldó entonces lo que hoy se atreve tímidamente a proponer. Propuestas que una vez pasados los filtros de negociación con el PP seguro que quedan ampliamente suavizadas.
Este es un tema sangrante. Se imaginan que alguien echará de sus casas a todos los habitantes, TODOS, de la ciudad de Valencia y su casco metropolitano (Mislata, Torrent, Quart…) en cinco años. Qué todas las familias de la tercera ciudad de España se vieran en la calle. Pues eso es, a día de hoy, lo que está ocurriendo en España, con unas 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el año 2006.
Pero, además, es sangrante por otro motivo muy importante: Porque se trata de una estafa organizada y compartida que finalmente comienza a ser denunciada desde el poder judicial, por altas instancias europeas y desde la misma ONU. Una crítica durísima a ciertas actuaciones de las entidades pero que continua obviando cuanto de estrategia planificada ha habido desde la banca española para llegar a esta situación. Porque lo siento, aquí no vale el principio liberal de libre competencia contractual entre las partes, ya que se falta a un principio básico de una negociación igualitaria: el principio de información plena compartida por ambas partes, y el no ocultamiento de información relevante por parte de una de ellas. Y cualquier persona mínimamente formada en economía y con datos sobre la estructura económica española sabía los riesgos de la apuesta (Creo recordar que el primer aviso del servicio de estudios del Banco de España sobre las políticas crediticias de la Banca es de finales de los 90). Y, por tanto, lo sabía el sistema bancario. Una banca que aprovechó una estructura casi familiar de la Banca en España, basada muy profundamente en las relaciones personales y directas, convirtiendo a sus trabajadores y trabajadoras en parte de esa banalidad del mal que tanto destacó Arendt y que tan aplicable es al capitalismo; una banca que abusó también de una extraña fe de las personas en dichas instituciones, para colocar hipotecas y deudas impagables. Igual que lo hizo para repartir millones de euros en “preferentes” estafa, dilapidando un fondo de ahorro básico en cualquier economía para cubrir, paradójicamente, sus barbaridades y deudas externas.
Y ahí esta el eje central de mi critica al documento del PSOE presentado en el Parlamento. Que, en ningún caso, ni responde, ni menciona, ni plantea un castigo para esta estafa. Llamado como Ley de Segunda Oportunidad (a imitación del modelo Sueco y Francés) no lo es sólo para la gente que puede acogerse a ella (las más de 500.000 familias desahuciadas en España en seis años no aparecen recogidas en este texto), sino especialmente para la Banca. No porque le ofrezcan concesiones que les beneficien, sino porque les ofrece cobrar (menos) y seguir adelante sin pagar por una estafa histórica difícil de igualar. Una denominación como segunda oportunidad que parece recalcar en exceso lo de nueva oportunidad para la gente, como si las personas fueran responsables de la situación. Una concesión que, reitero, desprecia todos los factores estructurales y coyunturales del contexto. Porque, señores del PSOE, no es una crisis ni un error del hipotecado. Es una estafa llamada capitalismo. SU capitalismo. El que le ha costado la vivienda a más de 500.000 personas y sus familias.
Y es que como el propio texto señala el principal Objetivo es “Parar los desahucios” (algo que compartimos, aunque prefiramos términos como combatir los desahucios y, sobretodo, hacer justicia). Un Stop desahucios que se complementa con la siguiente frase: Establecer nuevas condiciones para que se pueda hacer frente al pago de la deuda. Seguir pagando la deuda pero nunca cuestionar la legitimidad ni la cantidad de dicha deuda.
Porque la propuesta es, sin lugar a dudas, la mejor que los partidos del régimen han hecho nunca. Eso no lo cuestionamos. Pasan de ser servidores de la Banca a intentar ser árbitros entre partes. Pero eso es todo, árbitros. Ofrecen nuevas condiciones para la dación en pago e incluso la aparición de alquileres sociales, pero siempre mediando entre las partes. NO hay palabras de condena a la Banca, ni hay una denuncia de estafa masiva como todos y todas los que hemos pasado tiempo junto a gente que ha padecido o está padeciendo un desahucio sabemos.
Compartimos las medidas sobre la Tasación y los préstamos futuros (aunque ahora el menor de los problemas sea la futura regulación hipotecaria), igual que es positivo que acepten y aumenten las posibilidades de la Dación en pago y los casos de bloqueo de ejecuciones hipotecarias en base a criterios de renta familiar e ingresos. Pero no combate ni castiga la estafa. Y no es por ser reiterativo, es por recordar cada uno de los casos directos que he conocido y que no son nada comparado con los casos que han tratado de manera directa los compañeros de las diferentes PAH.
Y ahí llegamos a las dos principales limitaciones del texto propuesto que tanto cabrean (me baso siempre, reitero, en el texto que el PSOE ha colgado en su web):
La primera es sencilla: Sólo actúan realmente sobre aquellos bancos y entidades intervenidos por fondos públicos. A ellos les obligan a negociar y a aceptar la dación en pago. Sólo a ellos. Y esto es, precisamente, una muestra de las limitaciones de la concepción política del PSOE, negándose por todos los medios a intervenir o regular el sistema bancario español más allá del maquillaje oficial europeo. ¿Tenemos acaso dos tipos de ciudadanía y de derechos colectivos? ¿Se puede diferenciar al sujeto que ha sido estafado por la mala praxis denunciada colectivamente por jueces españoles y europeos? ¿Por qué una persona tiene más derechos que otra a optar a la dación en pago en base de que entidad bancaria es la dueña de su vida y su futuro, atada por contratos que nunca debieron redactarse?. Es el problema de actuar como árbitro neutro en vez de como representante de los derechos de la ciudadanía. Máxime cuando resulta un árbitro tan casero que en todo el primer tiempo no ha visto ninguno de los 500.000 penalties cometidos por el otro equipo.
Porque esa es la segunda cuestión importante a destacar: ¿Qué ocurre con esas 500.000 ejecuciones hipotecarias ya padecidas mientras el PSOE se negaba a respaldar cualquier cambio en una Ley de 1909, señalada por los jueces como extremadamente agresiva y beneficiosa para la banca? Qué ocurre con ellos: Nada. Perdieron el partido. Sólo se les menciona una vez en el documento explicativo de medidas, y es en la comparación negativa respecto de las 250.000 personas que evaluan en riesgo de desahucio. El PSOE actúa para que esas 250.000 personas no sigan el camino de las 500.000 anteriores. Estas no son salvables ni sujeto de actuación por lo visto (o el psoe no nos explica como hacerlo).
No son dos limitaciones baladí. Son dos cuestiones clave que explican porque el texto del PSOE es una respuesta improvisada a la gravísima situación que padecemos. Hecha al margen de la ciudadanía y, especialmente, de la ciudadanía afectada y organizada con quien no cuenta. Necesitado urgentemente de un lavado de cara ha sacado una propuesta estrella que inunda los medios de comunicación, que intenta mostrar el lado izquierdo de la cara del partido que lleva años desaparecido. Pero aunque me alegre por cualquier mejora yo, simple y llanamente, NO PUEDO AGRADECERSELO. No puedo agradecer que un partido político tan importante descubra ahora que la esclavitud moderna y el genocidio social de los desahucios son malos. No puedo agradecer que descubran ahora este drama y que encima no miren a la cara de la gente que los padece, olvidando a todos y todas que ya han sido desahuciados.
No puedo aplaudir una medida que no condena el sistema. Que sigue distinguiendo entre entidades bancarias y que sigue sin cuestionar realmente las prácticas seguidas. Una norma que muestra la impotencia de los gobiernos liberales que ni siquiera son capaces de regular toda la banca. Una norma que llega tarde y mal. Y que es peor que todas las normas bloqueadas por el PSOE desde hace años.
¿Quieren tener aún un mínimo de decencia? Firmen la ILP. Sientense en sus bancales y voten a favor cuando se debata en el Parlamento.
No les hemos pedido que nos hagan más tolerable la esclavitud. Hemos pedido justicia y dignidad. Hemos pedido acabar con la estafa. Hemos pedido que los millones de personas afectados directa e indirectamente desde hace años tengan vías para recuperar su vida.
En la lucha de clases no hay árbitro. Porque al final siempre juega en campo de quien más le paga.
